sábado, 26 de septiembre de 2015

Los derechos de autor y las excepciones en los marcos normativos argentinos

"La relación entre los derechos culturales enmarcados en los tratados internacionales de Derechos Humanos e incorporados en la Constitución Nacional y la Ley de Propiedad Intelectual argentina no ha sido todavía debidamente indagada. De hecho, la mayoría de las modificaciones a las leyes de propiedad intelectual se realizan sin considerar los compromisos asumidos por el país en materia de Derechos Humanos, pese a que los Derechos Culturales incorporados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales tienen rango constitucional desde 1994." (Busaniche; 2013:6)  
El Derecho de autor en Argentina está enmarcado en las siguientes leyes:
  • La constitución Nacional en su artículo 17.
  • Las reglamentaciones internacionales como el PIDESC (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tienen rango constitucional.
  • La Ley 11.723 referida al régimen legal de la propiedad intelectual.

En este sentido, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en Argentina tiene rango constitucional, otorga a todas las personas el derecho a la educación y a la participación en la vida cultural.
La ley 11.723 ha sido creada en la década de 1930. Desde esa época ha sido modificada en varias oportunidades. "Entre 1933 y 2009, la ley fue revisada para ampliar el espectro de obras cubiertas, para extender los plazos de regulación, establecer algunas limitaciones y excepciones, agregar penas y sanciones y crear el dominio público pagante." (Busaniche; 2013; 101)
Como bien plantea la autora, existen ciertas excepciones y limitaciones de los derechos de autor. Pero en la práctica cotidiana, existen ciertas situaciones en donde no es posible realizar acciones de manera legal.
Por ejemplo: la grabación de un libro con el fin de hacerlo accesible a personas ciegas o con baja visión. Según la ley 11.723 en su artículo 36:
"[...]Se exime del pago de derechos de autor la reproducción y distribución de obras científicas o literarias en sistemas especiales para ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas, siempre que la reproducción y distribución sean hechas por entidades autorizadas. (Párrafo incorporado por art. 1° de la Ley N° 26.285 B.O. 13/9/2007)
Esta exención rige también para las obras que se distribuyan por vía electrónica, encriptadas o protegidas por cualquier otro sistema que impida su lectura a personas no habilitadas. Las entidades autorizadas asignarán y administrarán las claves de acceso a las obras protegidas. (Párrafo incorporado por art. 1° de la Ley N° 26.285 B.O. 13/9/2007)
No se aplicará la exención a la reproducción y distribución de obras que se hubieren editado originalmente en sistemas especiales para personas con discapacidades visuales o perceptivas, y que se hallen comercialmente disponibles. (Párrafo incorporado por art. 1° de la Ley N° 26.285 B.O. 13/9/2007)
A los fines de este artículo se considera que:
- Discapacidades perceptivas significa: discapacidad visual severa, ampliopía, dislexia o todo otro impedimento físico o neurológico que afecte la visión, manipulación o comprensión de textos impresos en forma convencional.
- Encriptadas significa: cifradas, de modo que no puedan ser leídas por personas que carezcan de una clave de acceso. El uso de esta protección, u otra similar, es considerado esencial a fin de la presente exención, dado que la difusión no protegida podría causar perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor, o ir en detrimento de la explotación normal de las obras.
- Entidad autorizada significa: un organismo estatal o asociación sin fines de lucro con personería jurídica, cuya misión primaria sea asistir a ciegos o personas con otras discapacidades perceptivas.
- Obras científicas significa: tratados, textos, libros de divulgación, artículos de revistas especializadas, y todo material relativo a la ciencia o la tecnología en sus diversas ramas.
- Obras literarias significa: poesía, cuento, novela, filosofía, historia, ensayos, enciclopedias, diccionarios, textos y todos aquellos escritos en los cuales forma y fondo se combinen para expresar conocimientos e ideas de interés universal o nacional.
- Personas no habilitadas significa: que no son ciegas ni tienen otras discapacidades perceptivas.
- Sistemas especiales significa: Braille, textos digitales y grabaciones de audio, siempre que estén destinados exclusivamente a las personas a que se refiere el párrafo anterior.
- Soporte físico significa: todo elemento tangible que almacene voz en registro magnetofónico o digital, o textos digitales; por ejemplo, cassettes, discos compactos (CD), discos digitales versátiles (DVD) o memorias USB.
(Párrafo incorporado por art. 1° de la Ley N° 26.285 B.O. 13/9/2007)
Las obras reproducidas y distribuidas en sistemas especiales deberán consignar: los datos de la entidad autorizada, la fecha de la publicación original y el nombre de la persona física o jurídica a la cual pertenezcan los derechos de autor. Asimismo, advertirán que el uso indebido de estas reproducciones será reprimido con pena de prisión, conforme el artículo 172 del Código Penal. (Párrafo incorporado por art. 1° de la Ley N° 26.285 B.O. 13/9/2007)
(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 17.753 B.O. 3/6/1968)" (http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/42755/texact.htm)
En este caso en particular, en relación al acceso para personas con discapacidades visuales, la modificación introducida en 2007 habilita una excepción, pero esta beneficia exclusivamente a las instituciones habilitadas para tal fin, excluyendo por ejemplo a las bibliotecas de universidades públicas.
¿Cómo podríamos referirnos al caso de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP que sostiene un proyecto de extensión que se encarga de pasar a formato digital libros grabados para uso de los socios de la biblioteca Braille de la provincia de Buenos Aires?
Aquí podemos conocer más de la experiencia "Libros parlantes para no videntes. Iniciativa de alumnos y docentes de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata.

Como plantea Beatriz Busaniche,
"La inclusión de libros digitales en los dispositivos, la construcción de bibliotecas digitales para acceso público y la promoción de nuevas formas de creación y aprendizaje mediante tecnologías digitales suponen un desafío importante al marco normativo vigente de la propiedad intelectual en Argentina. Una de las estrategias elaboradas en los últimos años para paliar estas limitaciones tiene que ver con la promoción y el fomento de los Recursos Educativos Abiertos (REA) y las licencias Creative Commons268, pero éstas son soluciones parciales y sectorizadas que no ofrecen una respuesta general a la problemática del acceso a materiales bajo propiedad intelectual con fines académicos y educativos. Sólo la construcción de un marco normativo mucho más flexible permitiría completar un panorama de pleno ejercicio de derecho a la educación (art. 13 PIDESC) y acceso y participación en la cultura (Art.15)." (Busaniche; 2013: 165)

sábado, 12 de septiembre de 2015

Derechos Humanos y propiedad intelectual en los pactos internacionales


¿Qué buscamos como sociedad cuando regulamos la circulación de conocimiento y los derechos de autor? Interesante pregunta para comenzar a reflexionar sobre la circulación del conocimiento y lo que ello implica en los distintos países. Actualmente las prácticas sociales de acceso a conocimiento, producción de información y de cultura, se encuentran con las prohibiciones del copyright, defendido por las grandes corporaciones editoriales, discográficas, multimediales, las sociedades gestoras de derechos, que colocan cercos artificiales al espacio público, de lo común.

Beatriz Busaniche plantea que cuando nos referimos a la propiedad intelectual lo debemos hacer desde la política pública y desde su función social. Nadie crea de la nada, todo lo creamos a partir del acervo cultural existente. Y aquí es importante considerar las similitudes con el planteo que realiza la autora Patricia Díaz Charquero, (quien forma parte de creative commons Uruguay como abogada) cuando expone:





Como habíamos señalado anteriormente en otro postCreative Commons es una organización sin fines de lucro cuyo objetivo es fomentar los bienes comunes culturales. Para esto, ha desarrollado una serie de licencias que permiten que los autores otorguen a la gente el derecho de compartir, usar y recrear a partir de sus obras.
Ambas autoras coinciden en que podemos responder a la pregunta que inicia esta entrada: 
a. El fomento del arte, las ciencias y otras formas de conocimiento. 
b. El acceso más amplio posible a estos por parte de toda la sociedad. 
c. La garantía de un nivel de vida digno para quienes contribuyen con sus obras a la construcción cultural colectiva. 
Patricia Díaz, comenta que en el año 2013 Uruguay inicia su incorporación a Creative Commons con el fin de promover y adaptarlas licencias a nuestra legislación. Creative Commons Uruguay está directamente involucrado en la temática de "Derechos de autor y acceso a la cultura", dado que, con sus licencias de derechos de autor, facilita el acceso de la gente a los bienes culturales. Las millones de obras licenciadas con CC se encuentran disponibles para la sociedad, aportando a un ecosistema cultural más libre, equitativo y democrático. Por su parte, las licencias le devuelven al autor la capacidad de ejercer sus derechos como lo entienda conveniente, pasando del “todos los derechos reservados” a “ciertos derechos reservados”.

Tanto Patricia como Beatriz coinciden en que es necesaria la construcción de otro paradigma acorde a las tecnologías disponibles y las necesidades de nuestro tiempo.

Bibliografía de interés:
-“Libertad de expresión, cultura digital y derechos de autor.” Por Beatriz Busaniche, Revista Cuestión de Derechos. Asociación por los Derechos Civiles. Argentina.
-Informe presentado por Beatriz Busaniche en las conferencias ciudadanas Sumar, organizadas por el gobierno de Uruguay en noviembre de 2013. El informe completo puede leerse en: http://sumar.gub.uy/wp-content/uploads/2013/10/Informe-Beatriz-Busaniche-Via-Libre.pdf
 (Enlaces a un sitio externo.)

jueves, 3 de septiembre de 2015

Derechos Humanos y Ciberdelitos: el caso de Aron Swartz

El caso de Aron Swartz es relevante para poder analizar el derecho al acceso a la información, al libre acceso de información.
Su caso se conoció tras las serias acusaciones que tuvo por descargar  información (artículos académicos) al infringir la ley de derechos de autor en Estados Unidos, por haber utilizado un programa específico -script- para realizar una descarga masiva de artículos académicos. Esto trajo aparejado su persecución en términos de la aplicación de la ley de delitos informáticos -legislación que varios países tienen- sobre las acciones de Swartz que no debieron ser sancionadas penalmente.
Bajo el amparo de dicha ley, se lo acusó federalmente de robar datos por lo que se aplicó una pena de 35 años de presión y pago de 1 millón de dólares por una multa. La acusación se vio favorecida gracias a la existencia de un acta federal de abuso computacional, junto a importantes organizaciones influyentes sobre delitos informáticos. La ley de delitos informáticos igualó la descarga masiva de artículos académicos como si fuera uno de los delitos más graves y aberrantes que estipula la legislación.
Como expresa en el foro Jorge Gemetto "uno de los principios del derecho penal es que las penas deben ser proporcionales a la gravedad del delito cometido, y que las penas de privación de libertad únicamente deben aplicarse para los delitos más graves y aberrantes."
En el caso de la legislación argentina, tenemos una ley: Ley de delitos informáticos" -ley n°26388-  que en el año 2008 introdujo modificaciones en el código penal.
Entiendo que este caso, se vincula directamente con los temas trabajados anteriormente en le curso, donde el acceso a la cultura, a la información son Derechos Humanos fundamentales. En este sentido, se deberían revisar, analizar las leyes escritas, para no generar dobles delitos -delitos para la vida presencial, delitos para lo que ocurre en internet-.¿es necesario tipificar nuevos delitos o es mejor analizar los delitos que están tipificados en el código penal y pensarlos en relación a lo que sucede en Internet? Debemos analizar estas cuestiones en profundidad.